Los tribunales dan la razón al Cabildo de El Hierro en relación a un recurso interpuesto contra una Orden de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, lo que le permite recuperar para los presupuestos de la Institución insular 1.250.632,07 millones de euros, más intereses, correspondientes al pago de la primera certificación de la obra de “Reasfaltado de la HI-2, Valverde-Puerto de La Estaca, del programa FDCAN correspondiente a la anualidad 2017.

Después de un detallado análisis jurídico, la Sala de lo Contencioso-administrativo, sección segunda, del Tribunal Superior de Justicia falla a favor de la Institución insular sobre el desarrollo de esta obra y, por lo tanto, da por justificado los fondos a modo de subvención que recibió la Institución herreña para poder ejecutarla.

A pesar de los argumentos esgrimidos en la Orden de la Consejería, que ponía en duda el pago de las certificaciones de obra y su desarrollo en tiempo y forma, por el que solicitaba el reintegro parcial de la aportación dineraria correspondiente a la anualidad 2017, concedida al Cabildo herreño en el marco del FDCAN, el Tribunal da por constatada la ejecución de la obra de acondicionamiento de esta carretera principal en la isla de El Hierro, con difíciles condiciones de ejecución, ya que carecer de alternativa posible para el discurrir de las obras, lo que determinó en muchos casos los momentos (muchas veces de noche), formas y periodos de ejecución del asfaltado.

“Se trata de una sentencia importante para esta administración, que recupera para la isla una financiación proveniente de los Fondos de Desarrollo de Canarias y que evidencia que tanto la acreditación de la realización de este gasto, obras de mejora de una vía de interés general en El Hierro, como su pago las hemos realizado en tiempo y forma dentro del periodo establecido en el Programa y en el convenio que suscrito con el Ejecutivo autonómico para su desarrollo”, afirma la vicepresidenta y consejera de Hacienda del Cabildo herreño, Dolores Padrón.

Padrón opina que este litigio e intercambio de pareceres jurídico o de interpretación de la norma entre administraciones “siempre es enriquecedor porque fuerzan sentencias que nos permiten aclarar aspectos técnicos y jurídicos que posteriormente permitirán, sin duda, agilizar trámites y despejar dudas para otros departamentos de la Administración”, declara.